A raíz de la indisciplina y desobediencia del corrupto Eduardo Ramirez Aguilar, suspirante a la gubernatura del estado, el gobierno federal comenzó a investigar los nexos del crimen organizado con el gobierno de Chiapas.
Cuatro han sido los mensajes claros y contundentes hacia Velasco Coello para que deje de financiar y proteger a Ramirez Aguilar, antes que la cárcel pueda alcanzarlo.
Uno. La reciente publicación en la revista Impacto y firmada por el periodista Juan Bustillos sobre el desvío de recursos por más de mil cuatroscientos millones de pesos por la contratacion de reactivos, sustancias, equipo médico y de laboratorio en la administración de Juan Sabines y que Manuel Velasco habría ocultado al gobierno federal.
Dos. La difusión del uso de Eduardo Ramirez Aguilar de 30 vuelos privados en un periodo de tres meses con valor de 250 mil pesos por cada uno, lo cual no existe forma de comprobar lógicamente.
Tres. El cateo de la PGR a las oficinas de Juan Sergio Velasco Carpio, dueño de la empresa BMC, quien es investigado por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda Federal por el probable delito de lavado de dinero. Ojo amable lector, dichas oficinas estaban ubicadas en el fraccionamiento Mirador a tan solo dos cuadras de Casa de Gobierno y era la principal "empresa" a la que todas las dependencias del gobierno del estado, incluido el Congreso local, acudían a comprar facturas al costo del 7%.
Y por último, cuatro. La detención de José María Guízar Valencia, el Z43 en la Ciudad de México, ha puesto a temblar a Manuel Velasco Coello porque existen indagatorias en la PGR en que vinculan a funcionarios del gobierno de Chiapas con el líder regional de los Zetas en el sureste de México.
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