Hasta ahora, Venezuela ha llegado a un punto en el que sólo parece haber cuatro opciones. Una, dejar que su destino siga en manos de Nicolás Maduro, personaje severamente cuestionado no sólo por la manera en que se ha hecho del poder en una reelección en condiciones de ventajismo y sin los parámetros constitucionales ni de calidad democrática, sino también por su nefasta gestión al frente de la Presidencia de la República. Una segunda, la más deseada, la posibilidad de retomar el hilo constitucional con unas elecciones verdaderamente democráticas para escoger un nuevo Presidente. La tercera, una intervención militar extranjera que tendría un costo en vidas muy alto. La cuarta vía, tan o más trágica que la primera y la tercera, sería una guerra civil en la que todos perderían. La tercera y cuarta alternativas, no obstante, podrían fusionarse en una sola para reducir a tres el número de posibles escenarios.
En medio de esta encrucijada, y mientras la corrupción campea y la pobreza sitia a la mayoría de los venezolanos, se oyen voces que abogan por una negociación entre un gobierno que aparentemente está debilitado y una oposición que, luego de un letargo producto de sucesivos traspiés desde 2002, luce fortificada y unida en torno a la figura de un joven diputado a quien las circunstancias han puesto al frente de la Asamblea Nacional y que se ha juramentado como Presidente de la República y como tal, ha sido reconocido por el país más poderoso del mundo, por otras muchas naciones y por el parlamento de la Unión Europea. Ese reconocimiento trajo consigo sanciones y el bloqueo de cuentas que controlaba el Gobierno en el exterior. Todo ello traerá consecuencias económicas que agravarán la precaria situación que llegará a niveles más drásticos que los experimentados en los últimos cinco años.
El aparentemente debilitado Gobierno de Maduro, si bien hace tiempo perdió el apoyo popular, tiene a su favor el respaldo de los altos jefes militares y el manejo de los recursos públicos con los que controla a la mayoría de la población pobre del país a través de dispositivos como los bonos y cajas de alimentación que, aunque con muy irregular distribución, han servido al oficialismo para garantizarse una participación electoral a su favor con resultados no creíbles.
Sin embargo, como consecuencia -ahora sí de la guerra económica-, los petrodólares ya no vendrán como antes, a menos que haya un cambio de gobierno o que éste claudique en sus políticas, lo que parece muy difícil aun con las presiones internacionales. En este escenario, la capacidad clientelar del madurismo se verá disminuida y con ello, el control de los pobres aprovechando sus necesidades. Otro tanto son los grupos armados paramilitares que infunden temor en la gente que quiere tomar la calle. Lejos de ayudar, los violentos le empeoran las cosas al Gobierno. De momento, no “han bajado todos los cerros”, salvo en algunas zonas de Caracas y otras ciudades del interior del país en las que han brotado fuertes protestas antigubernamentales. Ese escenario puede cambiar “para peor” de manera repentina. El descontento ha llevado a gente de otrora territorios chavistas a expresar su rabia y a sumarse a las inmensas concentraciones que ha convocado la oposición. Mientras, la represión ha sido la respuesta oficial; ya alcanza casi el medio centenar de muertos desde que se iniciaran las movilizaciones el pasado 23 de enero. Las detenciones arbitrarias están a la orden del día, incluyendo a menores de edad.
La presión internacional ha sido tan efectiva que Juan Guaidó, reconocido internacionalmente como Presidente interino, no ha sido detenido por el Gobierno, que por cosas menos graves ha hecho presos a disidentes o los ha obligado al exilio. La retención de Guaidó sería un error tan grave como el de romper relaciones con Estados Unidos. Quizás por ello, reculó el Gobierno en aquella detención momentánea, una situación confusa, de la que fue objeto Guaidó y en la que resultaron destituidos y en prisión los funcionarios que actuaron en ella.
La pelota está del lado de los militares venezolanos que podrían evitar la opción de la intervención extranjera o una guerra civil. Hasta ahora, es un misterio lo que ocurre en los cuadros medios y bajos de la Fuerza Armada, que sin duda, saben de las penurias que padece la población en materia económica, de salud, alimentación, inseguridad y de servicios públicos que están al filo de la bancarrota. Si los que tienen el control de las armas emplazan al Gobierno a aceptar una salida a la crisis como la que propone el ex Presidente uruguayo Pepe Mujica, esto es, la de una consulta de carácter universal en la que se diga si se quiere o no que Maduro siga en el poder, bajarán las tensiones y se disiparía la posibilidad de una guerra con la presencia de los marines de Estados Unidos. Esta alternativa de Mujica y de algunos ex ministros de Chávez, sería más honrosa para el Gobierno y daría oxígeno al proyecto chavista que hace aguas, si es que quiere mantenerse en el tiempo.
Por otra parte, no es poca cosa lo que está en juego desde el punto de vista ideológico. La izquierda latinoamericana está apostando por seguir respirando, quiere preservar su espacio en el mismo lugar en la que se proyectó internacionalmente como opción política, cuando ya Cuba daba muestras de desgaste. Le costará mucho levantar cabeza nuevamente luego de haber perdido el poder en Argentina, Brasil y Ecuador. Eso sin contar la tragedia de Nicaragua que también reclama aires de cambio ante la hegemonía sandinista. La historia no es lineal, ni tampoco se repite, como cree la mayoría.
¿Bastará la Ley de Amnistía para convencer a los militares venezolanos de dar el paso de obligar al Gobierno a una salida democrática? ¿Se exorcizará a los demonios que apuestan a la violencia fratricida? ¿Tendremos la oportunidad de transitar una ruta democrática en el futuro inmediato? Está por verse.
Francisco "Larry" Camacho, 31 de enero de 2019
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