ADUANA VENEZOLANA CONFISCA Y PROHÍBE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS DE MINERÍA DE BITCOIN
Publicado por Andrea Leal
Recientemente se han presentado irregularidades entre las compañías aduaneras que operan en Venezuela, lo cual podría indicar un recrudecimiento de las medidas tomadas en contra de la industria minera en el país. Venezuela es el país de América del Sur con mayor nivel de transacciones de bitcoin en la plataforma Localbitcoin y también en el primero en lanzar un token administrado por su gobierno.
La empresa CFGExpress adviritó a sus usuarios a través de un comunicado.
Los rumores provienen de las redes sociales y miembros de la industria de la minería, quienes han reportado un cese de los servicios de entrega de importaciones de mineros de criptomonedas a Venezuela debido a un nuevo supuesto sistema de importación que ha sido acatado por la aduana nacional.
En este sentido, la empresa de importaciones CFG Express C.A anunció en su cuenta de Facebook que quedaban pausados todos los envíos de productos de minería de Bitcoin, teléfonos inteligentes, equipos electrónicos, dispositivos y partes de computador, así como tarjeta de computadora con destino a Venezuela. Una medida que ha sido acatada tanto en formato marítimo como aéreo.
Asimismo, también resulta extraño que no se haya pronunciado la Superintendencia de Criptoactivos, la nueva entidad gubernamental que dota de legalidad al ecosistema de bitcoiners venezolano. Por lo cual, podría tratarse de un nuevo sistema de corrupción o asalto en las aduanas nacionales que estaría directamente enfocado en la industria de minería.
Sin embargo, por más que no ha ocurrido una pronunciación pública del Estado, ASONACRIP, la Asociación Nacional de Criptomonedas de Venezuela, destacó en un tweet que cualquier irregularidad con la importación de equipos de minería en las aduanas nacionales debe ser reportada vía carta a la Superintendencia de Criptoactivos, una advertencia que alimenta los rumores de corrupción.
Asonacrip (Asociación Nacional de Criptomonedas)@AsonacripVe
Saludos al ecosistema de criptomonedas de Venezuela, luego de hablar con la @SupCriptoVe con respecto a algunas retenciones de equipos de minería digital en aduanas nos comentan que es necesario informar a la Superintendencia cualquier irregularidad presentada vía carta.
De igual manera, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o mejor conocido como SENIAT, publicó un informe sobre los aranceles, la clasificación y el régimen de importación de los equipos de minería del país, destacando que todo ASIC debe ser importado con la previa aprobación de la Superintendencia, que considera esta permisología como una licencia de importación.
El Régimen Legal codificado con el número 22 correspondería al “Permiso, Licencia, Certificado o Registro emitido o administrado por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos” (…) Por lo antes expuesto y con la firme intención de contribuir con los procesos de regulación de esta actividad por parte de la Superintendencia de Criptoactivos, se someterá a la consideración de las autoridades correspondientes la procedencia o no de la modificación del Arancel de Aduanas de Venezuela a fin de armonizar el ordenamiento jurídico aduanero con el nuevo ordenamiento jurídico que regule todo criptoactivo en el país.
SENIAT
En este sentido, si se tratase de una nueva medida gubernamental, la misma resultaría incongruente y contradictoria en comparación con los últimos posicionamientos del Estado venezolano en cuanto al uso de bitcoin y las criptomonedas en general, ya que recientemente se habría empezado a considerar la legalización de la minería digital en el país, su certificación de trabajo y los diversos proyectos de granjas de minería directamente relacionados con altos miembros del gobierno nacional.
También es cierto que el gobierno venezolano ha liderado una encarnizada lucha para evitar el uso indiscriminado de la muy económica energía eléctrica que posee el país y que ha permitido la proliferación y rentabilidad de las granjas de minería en Venezuela. Debido a esto, puede que se trate de un nuevo mecanismo del Estado venezolano para combatir la industria de minería, controlarla y acapararla.